Es un dato de la realidad que, en pediatría, los padres son los representantes legales de sus hij os, lo cual implica que las decisiones médicas en relación con el pequeño deben ser tomadas con la intervención de, al menos, uno de sus padres, quien -en ejercicio de la autonomía subrogada y de la representación legalmente conferida-brindará su consentimiento informado. El problema surge cuando los padres niegan su consentimiento informado o, directamente, asumen decisiones que repercuten de modo concreto en el bienestar e integridad del niño, lo que provoca un daño o -cuando menos- lo coloca en riesgo de sufrir un daño. Nuestro desafío es procurar una conciliación de los intereses y derechos en juego siempre teniendo presente que la pauta constitucional de interpretación cuando de un niño se trata es su interés superior.