Tradicionalmente se había considerado que por razones éticas, la salud y la economía deberían mantener una distancia saludable. Sin embargo, cada vez, con más frecuencia, se encuentra en la literatura médica toda la terminología relacionada con la evaluación económica de intervenciones en salud. Es indudable que el incremento exagerado de los servicios de salud en los últimos 30 años y la necesidad de aumentar el acceso a los servicios de salud a un mayor porcentaje de la población, ha obligado a un uso más eficiente de los recursos. Es aquí en donde el científico y el epidemiólogo no parecían poder establecer un diálogo con el administrador de los recursos. El hermoso texto “Todos los tratamientos costo-efectivos deberían ser gratis o como Archie Cochrane cambió mi vida” (1) escrito por Alan Williams, economista norteamericano que dedicó su vida al sector de la salud y en el cual narra su experiencia de trabajo con el epidemiólogo, ilustra cómo estas dos disciplinas podían encontrarse. Esto quedo sintetizado en la famosa frase de Archie Cochrane “todos los tratamientos costo-efectivos deberían ser gratis”. Así como Alan Williams y Archie Cochrane lograron entablar un diálogo entre dos disciplinas, aparentemente tan distantes para su época, medio siglo más tarde no sólo es conveniente sino inaplazable este diálogo entre quienes toman las decisiones últimas sobre los recursos públicos y privados. El clínico y el economista deben articular sus esfuerzos para que estos recursos lleguen cada vez más y mejor a más ciudadanos. Esto es, en último término, un imperativo ético. Frente a las ilimitadas necesidades en salud y la creciente demanda de servicios, es claro en todos los países del mundo que los recursos disponibles no son ni serán suficientes y en muchos de ellos, tales como Canadá y la Unión Europea, se están buscando y tomando decisiones a esta problemática. Es así que la crisis del sistema de salud de Colombia no es una situación aislada. Sin embargo, en Colombia además de compartir esta problemática mundial, se suman temas de corrupción pública y privada, junto con falta de coherencia filosófica y técnica en el abordaje de la problemática de salud de los 46 millones de habitantes. El resultado de esta mezcla no puede ser otro que una feria del derroche y de la ineficiencia en el uso de los cuantiosos recursos que los colombianos hemos decidido destinar al sistema. Es claro que no todos los pacientes acceden a los servicios y que el sistema dedica decenas de veces más recursos a lo curativo que a la promoción y prevención de la salud, que de hacerse juiciosamente la segunda, disminuiría la necesidad de la primera.