La participación ciudadana se refiere a las posibilidades que los ciudadanos, comunidades y diversos grupos sociales tienen de incidir en las políticas públicas, sin pasar necesariamente por la democracia representativa, los partidos políticos, las prácticas clientelistas o la organización gremial. La participación ciudadana se invoca para asuntos económicos, administrativos y políticos. El sistema clientelista y la tecnocracia dominan el universo de la oferta estatal en participación asi como las decisiones, la planeación, los presupuestos de las entidades territoriales y las empresas públicas. El control estratégico al poder público es una esperanza renovada pero todavía lejana.

Para lograr una participación social eficiente y que ayude a democratizar al Estado y a la sociedad se proponen varios principios:

la publicidad de todos los actos de gobierno, el incentivo a la capacidad propositiva de la sociedad sobre las políticas públicas sin perder su autonomía ante el Estado, la discriminación positiva en favor de los grupos sociales menos representados, el fortalecimiento y la construcción de actores sociales y políticos, la institucionalización del derecho y la práctica participativa para que deje de ser una circunstancia aleatoria y manipulada, la creación de redes socio-comunitarias que sistematicen las experiencias de participación y, el fortalecimiento de las capacidades de la población en cuanto a la definición de las principales variables que definen el poder político, administrativo y económico.