La política social del Estado mexicano constituye una área de consenso nacional que cuenta con una notable cobertura pública y privada. En los últimos años, con situaciones financieras difíciles, el Estado ha conservado y expandido los servicios sociales de apoyo a los sectores populares más vulnerables. Se han hecho esfuerzos por descentralizar servicios sociales, orientando las acciones hacia los grupos más desprotegidos. Junto al crecimiento de los servicios, tales como seguro social, servicios generales de salud, educación básica y formación técnico-profesional, se han impulsado programas de desarrollo integral de la familia. La política social debe, para que sea efectiva respecto al bienestar de la población, no sólo buscar una distribución racional de la población sino también impactar tanto en el crecimiento general de la ésta, como en el crecimiento de las ciudades, para que los beneficios y servicios les llegue a todos a los costos más bajos posibles. Por otra parte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) es, en materia de asistencia social, la instancia institucional donde se concretiza la acción del Estado, al mismo tiempo que se le da unidad y dirección