Medellín, 2 de marzo de 2017 Un cordial y afectuoso saludo a todos, extranjeros y nacionales, quienes se vinculan y participan del ‘‘X Simposio Internacional de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía ardiovascular’’, el ‘‘I Congreso de Cardiología para médicos de Atención Primaria’’ y la ‘‘I Reunión Nacional de Referentes de Enfermedades no Transmisibles y Referentes de Modos, Condiciones y Estilos de Vida Saludable de Colombia’’. Este escenario, además de marcar un récord en este tipo de eventos, -contando con más de 200 conferencistas de las más altas cualidades en el ámbito nacional e internacional-, constituye un hito por el momento en el que se encuentra el sector salud de nuestro país dada la visión que se le imparte al hacer de la atención primaria, en el marco del Modelo Integral de Atención en Salud, lo primordial tanto para la Cardiología como para todas las áreas que priorizan la salud, el bienestar y la calidad de vida de la población.

Hoy abordaré dos aspectos de trascendencia que perfilan el futuro nacional del sector:

La Ley Estatutaria en Salud y la Política de Atención Integral en Salud.

En el primero de ellos explicaré su gradualidad y los retos que implica esta trascendental regulación que nos plantea la necesidad de resumirlo en los siguientes avances y desafíos:

Nuevas reglas para la afiliación y acceso a servicios acorde con disposiciones de la Corte (Decreto 780 de 2016). La Política de Atención Integral en Salud, y de la cual más adelante haré referencia a su operación por medio del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS). MIPRES (Resolución 3951 de 2016), en el que se eliminan los comités técnico científicos para acceder a medicamentos no POS y en donde el papel de los cardiólogos será fundamental, resaltando su autonomía en el futuro 1del sistema. Evolución de un POS a un plan de beneficios con cargo a la UPC en donde las prestaciones que no pueden ser pagadas 0zcon recursos públicos están excluidas de la cobertura del sistema; estas exclusiones deben cumplir al menos uno de los criterios establecidos en la ley (ser experimentales, no efectivas, no autorizadas, prestadas en el exterior o con fines meramente estéticos) y deben estar antecedidas de una discusión pública, primero, por un grupo técnico-científico y, luego, por los pacientes afectados. La ley no plantea las exclusiones de manera explícita; define de manera general el procedimiento participativo mediante el cual se determinan.