Es necesario un análisis de las causas de las demoras para poder coordinar una respuesta social organizada, de índole multisectorial, que procure preservar el derecho a la salud del niño y el bienestar integral de la familia. Esta respuesta debe incluir plazos, lineamientos y responsabilidades bien definidos para los actores involucrados . El protocolo pretende dar respuesta a los casos en los que padres o responsables niegan la autorización para que el niño pueda recibir servicios de salud necesarios, con el objeto de recibir el tratamiento integral en caso de desnutrición hasta lograr su recuperación nutricional. Presenta, además, la respuesta social organizada, a manera de apoyar el abordaje de las causas que la generan, lo cual condiciona la toma de decisiones de los padres o responsables en recurrir a los servicios de salud necesarios. En él, se describe la vía administrativa y judicial a la que puede recurrir el funcionario que detecta el caso, cuando así lo amerite. Las respuestas posibles a estos casos pretenden ser lo más adaptadas a situaciones familiares difíciles, incluso en casos en los que existen elementos delictivos que derivan en la falta de consentimiento de los padres o responsables. El protocolo pretende hacer prevalecer el interés superior del niño para su recuperación integral.