El abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNyA) es una de las vulneraciones más graves de derechos contra la niñez y adolescencia y constituye un problema social, de salud y de justicia La magnitud del problema se ve en los números. La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación señala que las denuncias por violencia sexual representaron un 10% del total de las denuncias recibidas durante el 2019. En los casos de violencia sexual contra NNyA el porcentaje asciende a un 12%. En esta misma línea, del total de los casos que atendió el Programa las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, el 56,82% de los casos eran de NNyA1 (10.043 niñas, niños y adolescentes). Por otro lado, han ocurrido avances no sólo legislativos sino también institucionales y de gestión para mejorar el abordaje en estas situaciones, que incorporen de manera concreta procedimientos para proteger los derechos y la igualdad de género. Se cuenta, en este sentido, con protocolos de salud e intersectoriales, tanto a nivel nacional como provincial, que establecen estándares de atención para casos de abusos contra NNyA. Sin embargo, a partir de nuestra investigación2 constatamos que no existía un protocolo que permita estandarizar la articulación entre la actividad forense y clínico-asistencial, para la recolección, resguardo, preservación y cadena de custodia de evidencia biológica. El presente protocolo busca establecer criterios de trabajo y una metodología consensuada en materia probatoria respecto de los delitos sexuales contra NNyA. Fija estándares adecuados para la recolección, resguardo y preservación de la evidencia biológica, y enfatiza la importancia de que la toma de muestras se haga en forma oportuna en el marco de un abordaje integral de la situación, para así evitar la revictimización. Este protocolo modelo considera distintos escenarios según los recursos humanos y materiales disponibles en el lugar de la evaluación, y describe las condiciones mínimas para garantizar una evaluación adecuada que incluya el resguardo de la evidencia. En este sentido, este protocolo modelo pretende destacar la importancia de la participación del sector salud en articulación con el sector judicial, pues es usual que las víctimas llegan primero al ámbito asistencial sanitario y, por lo tanto, se requiere dar una respuesta estructurada en tres ejes esenciales: eficiencia, evitar la revictimización y el resguardo, cadena de custodia y documentacion de las muestras. De esta forma, se pretende dotar a todo el examen inicial de una visión asistencial que también pueda ser eficiente desde el punto de vista pericial.