La salud mental no es meramente una cuestión sanitaria sino que se intrinca, directamente, con el acceso a derechos. La salud se construye con la restitución y el efectivo acceso a derechos. Para ello, no basta con la sanción de la ley (LNSM); se hace necesaria su interpretación y su aplicación. La pauta interpretativa nos da los elementos para pensar las prácticas, la adecuación de los viejos dispositivos. Las políticas de salud mental conocen escollos particularísimos y esto tiene que ver con la población a la que van dirigidas. Consecuencia del temor, la discriminación y el estigma social de la locura. Incluso hoy se asocia la salud mental a “enfermedad psiquiátrica”; una etiqueta que se pretende perpetua. Esta LNSM, que viene a barrer con esos efectos, plasma el reconocimiento de derechos a diversos colectivos de vulnerabilidad histórica; trae un nuevo paradigma que reconoce a las personas como sujetos de derecho y, desde allí, plantea un abordaje consecuente respecto de la salud mental. remarcando que el padecimiento mental debe considerarse una situación transitoria. Esta norma no solo legisla acerca de problemáticas de salud y se propone garantista de la promoción, de la preservación y de la protección de la salud mental. Para ello, introduce la importancia de la interdisciplina y de la intersectorilidad que requieren los abordajes a la luz de esta ley, que plantea políticas públicas específicas del Ministerio de Salud las que, para su concreción, deben articularse con políticas públicas de otros ministerios y organismos con base en la comunidad. Sabemos, en primera persona del impacto que produce, en las políticas públicas, la incorporación de los derechos humanos como políticas de Estado. Asistimos a sus efectos