En el presente documento se analizan las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional durante el lapso comprendido entre su creación, en junio de 1990, y la presentación de su cuarto informe semestral, en junio de 1992. En la primera parte del trabajo se hace una breve exposición del carácter que poseen las Recomendaciones de la CNDH, de manera que sea posible al lector identificar la importancia y los alcances de las fuentes en las que se basa el análisis. Aquí se enumeran algunos de los propósitos y las características de las Recomendaciones que emiten los Ombudsmen y Defensores del Pueblo que existen actualmente en el mundo, y se señala con precisión la función de estos documentos en el caso de México. En segundo lugar se hace una breve descripción de la situación actual del derecho a la salud, de acuerdo con el marco jurídico nacional expresado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud, así como del marco jurídico internacional, cuyas bases se encuentran en las convenciones y tratados internacionales suscritos por México. Se presentan los resultados obtenidos al analizar las 269 Recomendaciones emitidas por la CNDH durante sus dos primeros años de trabajo, específicamente en lo que respecta a la actuación de los médicos y el personal de salud frente a las violaciones comprobadas de los Derechos Humanos en el País. En un cuarto apartado se analizan las Recomendaciones que la Comisión Nacional ha emitido, durante el mismo periodo, como resultado del trabajo realizado en su Programa Penitenciario, cuyas características le permiten detectar, de una manera particularmente sensible, las violaciones de los derechos de los reclusos, en especial aquellas que se refieren a las condiciones de vida y de salud. Se ha puesto especial atención a la situación de los servicios médicos, de los pacientes psiquiátricos y de los reclusos presuntamente inimputables. El trabajo termina con un capítulo de Conclusiones. En este rubro se incluyen también algunas sugerencias sobre el papel que el gremio médico y los responsables de la administración de los servicios médicos tendrán que adoptar en un corto plazo, a fin de garantizar el respeto irrestricto a los derechos que la Ley otorga, en materia de salud, a todos los mexicanos