Con relación a la inversión pública, el establecimiento de tal marco normativo se hace aún más urgente si se toma en cuenta el contexto introducido por las leyes de participación popular y de descentralización administrativa, que ha delegado la responsabilidad de administrar la mayor parte de los recursos públicos de inversión en los gobiernos municipales y prefecturas departamentales, haciendo indispensable la existencia de procedimientos de asignación de recursos que aseguren una utilización acorde con las prioridades de desarrollo nacional