El derecho a la salud ha sido consagrado como derecho fundamental en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales a través del Pacto Internacional del que es firmante el Estado colombiano por lo que de allí se desprenden una serie de responsabilidades de obligatorio cumplimiento para garantizar el acceso a todos sus ciudadanos. En desarrollo de estas obligaciones el Estado formula la Ley 100 de 1993 como mecanismo para garantizar el acceso universal a los servicios de salud ya sea a través del régimen contributivo o del subsidiado. Es importante reiterar que la modalidad de vinculados tiene un carácter transitorio ya que el acceso al Sistema de Seguridad Social en Salud sólo es posible por la vía del aseguramiento. La democratización del acceso a los servicios básicos de atención en salud para la totalidad de la población, permitiría evitar la tensión entre política social y las políticas específicas frente a las poblaciones desplazadas, sin desconocer la especificidad de estas últimas, asi como la discriminación entre la persona desplazada y la persona pobre que vive en los lugares de llegada, para acceder a este tipo de servicios. La situación real es que está lejana la democratización del acceso a los servicios básicos en salud, por esto se propone una identificación de las regiones más vulnerables en función de los sitios de mayor llegada de desplazados para concentrar allí esfuerzos que permitan a las poblaciones tener acceso a los servicios de salud