La oferta estatal para la atención de la población desplazada en Colombia encuentra su origen en el Documento Conpes 2804 de 1995, mediante el cual reconoce por primera vez en forma expresa el desplazamiento forzado, y estructura una política para la atención integral de esta población. Esta política se recoge en el mandato legal contenido en la ley 387 de 1997, en el que se consagra como obligación de Estado, la formulación de políticas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención de la población desplazada y a ésta su condición de destinataria de derechos, planes y programas contentivos de la oferta estatal. Para identificar la oferta estatal, se seleccionó un universo conformado por 242 entidades, correspondiento 24 de ellas al ámbito nacional, y 218 al regional, distrital y local; las cuales fueron clasificadas, teniendo en cuenta su naturaleza jurídica, en: entidades del nivel central, programas de gobierno, entidades descentralizadas, organismos de control y entes territoriales. De las entidades contactadas, 190 tienen oferta para la PDV y 52 no registran oferta para esta población. Con relación a las ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL, es pertinente señalar que hacen parte de la rama ejecutiva del poder público y se caracterizan por asumir bajo la dirección del Presidente de la República, la jefatura de la administración en sus respectivas dependencias, formulando las políticas correspondientes, dirigiendo la actividad administrativa y ejecutando la ley