No es difícil argumentar que al aumentar la violencia se hace mas difícil fortalecer el funcionamiento de la justicia penal en una sociedad. No parece conveniente iniciar un proceso de negociación con poderosas organizaciones armadas con un sistema penal débil o amedrentado. La evidencia longitudinal y transversal muestra asociaciones negativas entre el desempeño del sistema judicial y la violencia, que seria inadecuado interpretar como un efecto causal en una única vía. Las teorías sobre el crimen organizado predicen mecanismos de retroalimentación entre la influencia de las mafias y la inoperancia de la justicia penal en una sociedad. En Colombia son numerosos y variados los indicios que apuntan en esa dirección. En la coyuntura actual, el inicio de las conversaciones y negociaciones con los grupos insurgentes, es indispensable llamar la atención sobre la necesidad de contar con unas instituciones judiciales sólidas que reduzcan la impunidad, defiendan los derechos humanos y, aún más, puedan servir de garantía para los eventuales acuerdos. Es sorprendente, y preocupante, el papel marginal que en el debate que se inicia sobre el proceso de paz se le está asignando a la justicia penal colombiana. El llamado "Acuerdo de Puerta del Cielo" firmado en Alemania entre representantes del ELN y la socidad civil, apenas menciona, la necesidad de fortalecer la justicia, con énfasis en la protección de los derechos humanos. (TRUNCADO A 1500 CARACTERES)