El grado que ha alcanzado la violencia en Colombia, el número de asesinatos de toda índole, desapariciones, secuestros y extorsiones, supera en proporciones abrumadoras lo que puede ocurrir en otro país que no se encuentre directamente comprometido en una guerra, incluso a lo que ocurre en países que tienen circunstancias económicas mucho peores que las de Colombia: mayores índices de desempleo, menor crecimiento económico, más injusta distribución del ingreso, menos movilidad social; y también, de muy lejos, a lo que ocurre en países que padecen las más drásticas dictaduras militares. Es frecuente asociar la violencia política con la existencia de un régimen que trata de imponer a toda la sociedad su proyecto y su modelo y reprime con toda dureza las actividades, los partidos, los grupos y las ideas que lo ponen en cuestión, o simplemente escapan a su control. Este enfoque corresponde a la realidad en muchas partes, pero no precisamente en Colombia. Aquí no se reprimen violentamente las huelgas, ni siquiera las huelgas en los servicios públicos. El gobierno las declara ilegales, pero sistemáticamente termina en algún tipo de acuerdo que incluye la cláusula de que las empresas públicas o privadas no tomarán represalias contra quienes las dirigen. Aquí no se reprimen violentamente las marchas campesinas ni los paros cívicos. El Estado reconoce que, a pesar de su carácter ilegal, tienen razones justas, reivindican generalmente servicios esenciales...(TRUNCADO A 1500 K)