En 1998 la Defensoría del Pueblo recibió 65.686 peticiones de la población para defender o para proteger sus derechos, de las cuales 18.479 fueron quejas contra funcionarios del Estado que violaron o amenazaron violar los derechos humanos de sus conciudadanos; 37.262 fueron consultas o peticiones de asesorías para hacer más efectivo el ejercicio de los derechos y 9.945 fueron solicitudes de coadyuvancia, intervenciones o mediaciones para lograr la satisfacción de los derechos. 1.460 correspondieron a violaciones al derecho a la vida, 1.184 a violaciones a la integridad personal, 1.353 a la ausencia del debido proceso y a las garantías judiciales, 902 al derecho a no ser desplazado, 2.681 al derecho a ser escuchado y atendido por las autoridades estatales, 1.052 a la adecuada prestación de los servicios públicos, 1.104 al derecho a la seguridad social y 2.563 al derecho a la salud. Estos reclamos de la población expresan que la situación de derechos humanos sigue siendo grave y en constante deterioro en el marco de un panorama desolador, agobiante e incierto. Uno de los aspectos más complicado y que incrementa profundamente la situación de deterioro de los derechos humanos, es la debilidad institucional del Estado para asumir la protección integral de los mismos y que se expresa en la ausencia de acciones propositivas para hacer de los derechos humanos un sistema pacífico de relaciones interpersonales. Un Estado fuerte es un Estado que protege los DH de la población