Abordar la crisis humanitaria que provoca el desplazamiento forzado es una responsabilidad primaria del Estado que debería estar dirigida a prevenir las causas de su ocurrencia y a resarcir integralmente los derechos de las personas afectadas mediante la aplicación de justicia y la reparación de los daños causados. En embargo, todo parece indicar que soluciones de esta naturaleza no son posibles en el actual marco institucional debido a las contradicciones internas de un Estado que, por un lado reconoce el problema e intenta soluciones y por otro , genera más desplazamientos con el uso de sus propias fuerzas militares o hace muy poco para evitar que grupos paramilitares continúen sus acciones contra la población civil. La ausencia de coherencia en los planes gubernamentales constituye la principal debilidad de una política pública frente a un problema que desborda la porpia capacidad del Estado y que reclama soluciones estructurales en el marco de un nuevo modelo de desarrollo económico y social y de una nueva institucionalidad democrática. El desplazamiento forzado es un grave problema humanitario, con serias implicaciones en la sociedad colombiana, que se sustenta en el histórico y no resuelto conflicto de la tenencia de la tierra, que se puede agravar con la ejecución del Plan colombia y que requiere soluciones estructurales en el marco de las negociaciones de paz y de la búsqueda de la plena vigencia de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario