La propuesta integral frente a los cultivos ilícitos pasa necesariamente por consolidar el proceso de paz, so pena de que esta actividad se desenvuelva como economía para la guerra por parte de distintos actores armados. En segundo lugar el Estado debe actuar estratégicamente buscando el fortalecimiento de la sociedad civil presente en estas areas lo que supone un replanteamiento de la actual política antidroga incluyendo la agresión con las fumigaciones aéreas y ello presupone a su vez una tercera condición que es lograr el manejo autónomo de los problemas relacionados con la producción de materia prima para procesar psicoactivos. Esta última condición exige cambios profundos en la institucionalidad colombiana de modo que se garantice un liderazgo en los procesos de intervención del Estado sobre la base de un nuevo posicionamiento de la problemática rural en la búsqueda de la paz, la revalorización de lo ambiental en el manejo del conflicto, complementado con acciones que deben desarrollar las instituciones frente a la criminalidad organizada en relación con el tráfico de drogas.

Sobre estos supuestos plantea:

1) No aplicación de la política de erradicación forzosa. 2) Descriminalización de los pequeños productores. 3) Un proceso gradual de sustitución de cultivos ilícitos. 4) Participación de las comunidades en el nivel local y regional conjuntamente con el desarrollo de Programas de Ordenamiento Territorial y Ambiental. 5) Respeto y garantías a los derechos humanos y DIH