En la perspectiva de neutralizar las dinámicas de violencia y mitigar sus graves efectos sobre la población civil, el Gobierno Nacional aprobó el Programa Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia. Este Programa, adscrito a la Unidad Administrativa Especial para la Protección de los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, definió una estrategia de prevención del desplazamiento, una atención inmediata de emergencia, una de consolidación y estabilización socio-económica de las familias y personas desplazadas y, finalmente, otra de comunicación, divulgación e investigación