A partir de la Ley de Participación Popular se inició en el país un proceso de cambio social y de ajuste del sector de agua y saneamiento, por la transferencia de la responsabilidad de prestación de estos servicios a los Gobiernos Municipales. Por lo tanto, es obligación del Gobierno Municipal procurar que toda la población de su jurisdicción, tanto urbana como rural, tenga acceso a servicios de agua y saneamiento, por ser éstos un requerimiento básico de la salud, el habitat y el bienestar de la población y del desarrollo humano y sostenible de la comunidad