ANTECEDENTES:

En el marco de la Ley Ricarte Soto (Ley N°20.850), que establece el proceso destinado a determinar los diagnósticos y tratamientos de alto costo con Sistema de Protección Financiera, se realizó el siguiente informe. El cáncer primario del hígado o carcinoma hepatocelular (“HCC” por su sigla en inglés), es una de las principales causas de muerte por cáncer a nivel mundial. En las personas con enfermedad avanzada las alternativas terapéuticas son escasas y se obtienen malos resultados.

METODOLOGÍA:

Los informes de evaluación científica de la evidencia disponible se componen de cuatro análisis secuenciales, esto significa que si una tecnología sanitaria no cumple con una etapa no se continúa con su evaluación en las próximas etapas. Este informe se compone de 4 secciones con diferentes metodologías. Para la estimación de la “Eficacia y efectividad relativas de los tratamientos” se utilizó la metodología GRADE. Para el “Análisis Económico” se evaluó económicamente el tratamiento de sorafenib en personas con Hepatocarcinoma avanzado y precio máximo industrial, estimación de costo anual por paciente e impacto presupuestario. Para el análisis de “Implementación y efectos en las redes asistenciales”, un equipo de expertos evaluó la capacidad de la red asistencial para otorgar la tecnología sanitaria según sus requerimientos. Por último, se evaluaron las “Repercusiones éticas jurídicas y sociales”.

RESULTADOS:

De acuerdo a esta evidencia el uso de sorafenib, con una mediana de seguimiento de 9 meses, disminuye la mortalidad y probablemente no aumenta el riesgo de efectos adversos severos.

ANÁLISIS ECONÓMICO:

El impacto presupuestario para el año 2019 asciende a $MM $3.283. El precio máximo industrial es de $15.054 y el costo anual es de $21.267.116 de pesos por paciente.

IMPLEMENTACIÓN Y EFECTOS EN LAS REDES SOCIALES:

Existe una recomendación media alta, la cual se explica, que si bien la dispensación del fármaco no implica dificultad en la red si hay que resguardar que el resto del proceso clínico tanto diagnóstico y seguimiento con oferta suficiente para el óptimo resultado.

REPERCUSIONES ÉTICAS JURÍDICAS Y SOCIALES:

Existe presencia de conflicto de interés. En las repercusiones sociales, los beneficios clínicos de la intervención podrían tener impacto en la dinámica familiar y la edad productiva de los afectados. En las repercusiones jurídicas, el medicamento se ajusta a los artículos 12, 17 y 19 del reglamento.